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miércoles, 5 de agosto de 2015

REMUNICIPALIZAR. ES EL FUTURO...Servicios publicos.

IU propone un pacto social para "remunicipalizar" el servicio del agua de Toledo


EDCM/Efe

05/08/2015 .
Jorge Vega.
IU ha propuesto hoy un ´Pacto social por el agua pública en Toledo´ a través del que ha apostado por "remunicipalizar" este servicio y que los ayuntamientos no contraten su prestación con empresas privadas.

En declaraciones a los periodistas, el diputado provincial de IU Jorge Vega ha presentado, junto al responsable provincial de Servicios Públicos de IU Toledo, José María Fernández, este pacto al que han invitado a sumarse "a los distintos agentes sociales, partidos políticos, asociaciones y sindicatos".

Vega ha asegurado que el objetivo es garantizar "el 100 % de agua pública", y ha insistido en la necesidad de que las administraciones sean "solidarias" para que "en todas las casas haya siempre un mínimo de entre 60 y 100 litros de agua por persona y día, incluso cuando haya caso de impago".

IU ha propuesto este pacto un año después de que presentara su ´Informe del agua", en el que se analizaban los contratos entre ayuntamientos y empresas privadas.

Criterios de calidad del agua

Según ha explicado Fernández, ese mismo informe concluía que "se rompen los criterios de la calidad del agua, ya que cuando se vende un servicio es la empresa la responsable de decidir en qué momento la calidad es la adecuada para el suministro".

Ha denunciado, además, que con estos contratos "se vende la calidad del empleo" ya que cuando las empresas no logran beneficios "recurren a la fórmula del equilibrio económico", que, en su opinión, se basa en "aumentar la tarifa de abastecimiento de agua o despedir a los trabajadores de la empresa".

El responsable provincial de Servicios Públicos de IU ha señalado que "en torno al 60 % de los ayuntamientos de la provincia tienen el agua privatizada", aunque, a su juicio, "es más preocupante la cifra de habitantes, que asciende a un 75 % de la población de la provincia".

Ha afirmado que la privatización del agua encarece el servicio entre un 13 y un 21 %, cantidad que atiende al "beneficio empresarial" mediante el cual la empresa privada "obliga a los ayuntamientos a cambiar su tarifa de agua, y al final son los ciudadanos los que pagan esa falta de beneficio empresarial".

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